Desde la invasión de las Américas –lo que es conocido como “descubrimiento” – por los colonizadores europeos, el conflicto por la tierra siempre fue una constante en la historia de estos territorios. Indígenas, pueblos originarios, campesinos y comunidades quilombolas[1], entre otros actores que luchan por el derecho a la tierra, son el cuerpo resistente al proceso de colonización que nunca terminó.
Fundadora y Gerente de Colombia Rural
Hoy la Corte Constitucional tiene que decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 902, aquí tres argumentos para salvarla.
Earlier this year, the outgoing President of Liberia Ellen Johnson Sirleaf handed over power to George Weah in the country’s first peaceful and democratic transition of power since 1944. It was a moment that crystallized just how far Liberia had come in the last 13 years, since a 2005 peace agreement brought an end to over a decade of civil war, raising hopes internationally that the country remains on course towards lasting peace.
As members of the land community, we know that access to a stable and flourishing piece of land, even the smallest plot or parcel, has the potential to be ground-breaking and life-changing. It means the difference between health and illness, between being read and illiterate, and in the most extreme cases, the difference between being fed and hungry. In essence, it determines one’s life path, the key factor between qualifying for essential government services and living at the peripheries and margins of society.
En la última década, los pueblos indígenas y comunidades mestizas de Michoacán, Jalisco y Colima se han enfrentado a desarrolladores, empresas extractivas y mineras, autoridades y bandas criminales para proteger su territorio del despojo y la destrucción. En ese camino han encontrado amenazas, desapariciones, criminalización y muerte
Sin Embargo
Por Natalia Herrera
En la vereda Macondo, del municipio de Zona Bananera, 55 personas, en su mayoría de avanzada edad, siguen reclamando una finca como pago por el trabajo que nunca les remuneraron. Esto en medio de amenazas y ataques.
En 2016 hubo 200 casos, de los cuales el 40% iban dirigidos contra indígenas. También preocupan el tráfico de fauna silvestre, la deforestación (subió 44%) y la minería ilegal, que genera pérdidas al Estado por $2.000 millones de dólares anuales.
"Queremos ir tranquilos a trabajar, sin el miedo a que nos vayan asesinar, y mientras no se vaya la empresa palmera y los militares que disparan contra la gente, no podemos tener paz" Santos Torres.
Por: Sandra Rodríguez