La dura crítica del campesinado paraguayo a las políticas de gobierno en reforma agraria desde la caída de la dictadura hasta hoy subraya la enorme diferencia en el acceso a la tierra existente.
La posición de las organizaciones campesinas se ha mantenido firme en sus reclamos a lo largo de estos 31 años de lucha tras la caída del stronismo, exigiendo la recuperación de las casi ocho millones de hectáreas de tierras malhabidas adjudicadas entre 1954 y 2003, y defendiendo la soberanía alimentaria.
“En política agraria nosotros estamos viviendo todo lo contrario a lo que podría ser una reforma agraria. De hecho, esto nunca existió en nuestro país, aunque haya instituciones en nombre de esta política. Lo que se hizo hasta hoy fue reforzar la desigual tenencia de la tierra”, señala una de las reflexiones de las organizaciones campesinas recopiladas en el material “Seguridad y soberanía alimentaria en Paraguay”, publicado por Cadep.
Continúa señalando que existe una persecución inmisericorde y de todo tipo al campesinado para despojarle de su tierra y dejar campo libre para el agro negocio.
“Se procede con mecanismos supuestamente legales o ilegales, económico, políticos y si fuera necesario con violencia y asesinatos selectivos; la militarización en la zona norte persigue el mismo objetivo, además de cuidar los negocios ilegales de los grandes establecimientos agroganaderos”, dice.
Agrega que lo que hace el campesinado y los indígenas hasta hoy es resistir, organizando y encontrando siempre mecanismos de resistencia.
“Ante esta política estatal y privada, la ocupación ha sido una de las formas de lucha que permitió históricamente en Paraguay acceder al principal bien natural que es la base de toda la soberanía alimentaria, que es la tierra. No hay soberanía alimentaria sin tierra. Es el principio de todo y en el Paraguay, el problema fundamental”, finaliza.
Divergencias. La investigación señala la diferencia de visión de las organizaciones campesinas con las políticas de las instituciones del Estado, entre ellas el enfoque de la seguridad alimentaria del Gobierno diferente al de soberanía alimentaria de los campesinos.
Expone las visiones de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Campesina del Norte (OCN), Cultiva Paraguay y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).
Estas organizaciones son miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de La Vía Campesina (LVC) en Paraguay.
“Entonces decimos que el concepto de soberanía alimentaria es el derecho colectivo que tienen los pueblos, los países, las naciones de decidir su política agraria autónomamente, el derecho también de quienes consumen, decidir y saber sobre lo que consumen, saber de dónde viene lo que consume y bajo qué condiciones se produce. No solo asegurar biológicamente la alimentación, sino que ser consciente política y socialmente de que no se está afectando el derecho de otra gente. Los derechos son complementarios o sea no pueden ser sustituibles, no pueden ser restringidos, mi derecho no puede restringir tu derecho y es eso lo que se hace entonces cuando hablamos del concepto de seguridad alimentaria, cuando alimentarse no importa cómo”, señala otra reflexión.
Cuestionan el modelo productivo que políticamente se jacta de alimentar a 70 millones de personas, pero que en el propio país hay gente con hambre y subnutrida.
Cifras
6.744.005 hectáreas de tierras malhabidas fueron adjudicadas por el IRA y por el IBR entre los años 1954 y 1989.
989.589 hectáreas de tierras malhabidas fueron las adjudicadas en total por el IBR entre los años 1989 y 2003.